Pseudociencia impune

  • Los poderes públicos deben perseguir las terapias sin fundamento científico que ponen el riesgo la vida de los pacientes

La práctica de las pseudociencias se ha cobrado una nueva víctima. Una joven paciente con cáncer de mama ha muerto en el hospital Josep Trueta de Girona tras acudir con un pecho totalmente necrosado. La enferma había abandonado la quimioterapia y se había puesto en manos de un curandero que cuando le preguntaba por el mal aspecto de su seno, respondía que “si sale fuera de la piel es bueno porque se está oxigenando”.

En el hospital de Jiaxing (China) se tratan las enfermedades oculares con acupuntura y humo de ajenjo. GETTY

En el hospital de Jiaxing (China) se tratan las enfermedades oculares con acupuntura y humo de ajenjo. GETTY

 

Como la mujer que en 2015 murió por una pseudoterapia de picaduras de abeja o el estudiante de Física, Mario Rodríguez, que falleció tras abandonar el tratamiento contra la leucemia por consejo de un supuesto “especialista en medicina naturista y ortomolecular”, esta nueva muerte puede quedar impune por el vacío legal en el que operan este tipo de prácticas. Se da la paradoja de que una negligencia médica puede ser severamente castigada, mientras estos falsos terapeutas incurren en fraudes que en ocasiones tienen consecuencias fatales sin que vayan a afrontar responsabilidad alguna, como se demostró con la absolución del curandero que atendió a Mario Rodríguez.

Un estudio de la Universidad de Yale ha demostrado que incluso cuando se utilizan como complemento de la medicina científica, las terapias alternativas empeoran el resultado de los tratamientos por la desconfianza que inducen en los pacientes. El informe de salud de la ciudad de Barcelona ha revelado, por otra parte, que hay más de 3.000 niños que no se han vacunados por decisión de sus padres. Afortunadamente, el hecho de que más del 95% de los niños sí lo estén garantiza la inmunidad de grupo que impiden que enfermen, pero si esa cifra aumenta, puede acabar afectando a todos. La decisión de abandonar los tratamientos es casi siempre libre y consciente, pero mal informada, y es obligación de los poderes públicos abordar esta cuestión. La negligencia en la persecución de estas prácticas está teniendo graves consecuencias.


Artículo original publicado el 23 de julio de 2018 en El País, España, sección Editorial.

 

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